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Los antibióticos no son un producto más

El sector farmacéutico está ligado al bien público y debe fomentarse la I+D en las áreas menos rentables.

Para algunos inversores no hay nada malo en que una empresa use una gestión financiera astuta para subir el precio de sus acciones. Si seguimos esta lógica, estrecha, no debería preocuparnos que el valor de las empresas de la industria farmacéutica suba por maniobras financieras (como recompra de acciones u operaciones para tributar menos cambiando el domicilio fiscal) en lugar de hacerlo por nuevos hallazgos o descubrimientos.

Pero la industria farmacéutica no es una industria más. Esta intrínsecamente ligada al bien público: a lo largo de la historia ha generado innovaciones medicas esenciales para que las sociedades puedan combatir las enfermedades. Además, aunque los consumidores sean los pacientes, el verdadero cliente suele ser la administración. Incluso en Estados Unidos las compras del sector público suponen al menos el 40 % del mercado de medicamentos recetados.

El estado, además, financia gran parte de las investigaciones que sostienen las ganancias de la industria. El gobierno estadounidense es el mayor aportador individual de fondos para la investigación y desarrollo en medicina, y la tercera parte de la inversión mundial en investigación sanitaria la financian los contribuyentes. Es comprensible por tanto que las autoridades insistan en que el sector centre sus esfuerzos innovadores en áreas que ofrezcan el mayor beneficio a contribuyentes y pacientes, en vez de actividades (como las maniobras financieras) que a corto plazo tal vez sea más rentables para la industria.

La situación óptima para la industria farmacéutica es aquella en la que la rentabilidad privada y el bien social coinciden. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se descubre un fármaco útil que además atrae grandes cuotas de mercado. Pero por desgracia, no siempre es asi, y el resultado puede ser trágico. En el campo del desarrollo de antibióticos, en particular, la divergencia entre la búsqueda de beneficios y el interés público está llevando al mundo al borde de una crisis.

Cuando en los años cuarenta empezó a popularizarse el uso de antibióticos, padecimientos antes peligros como la neumonía o una herida infectada se convirtieron en problemas menores de fácil tratamiento. Los antibióticos son la base de la medicina moderna; sin ellos, la cirugía o la quimioterapia serían mucho más arriesgadas.

Pero los antibióticos pierden su eficacia con el tiempo. Antes, los científicos hallaban sustitutos rápidamente, pero hoy los médicos se van quedando sin munición para combatir una gran variedad de agentes infecciosos (como ciertas ceptas de E. coli y las bacterias causantes de la neumonía y la gonorrea) para las que no hay sustitutos preparados.

Parte del problema es la especial importancia que tienen los antibióticos. Las empresas no siempre pueden recuperar su inversión poniendo precios altos a sus patentes. Porque cuando se descubre un antibiótico nuevo, las autoridades sanitarias prefieren (acertadamente) ponerlo en reserva y demorar su introducción a gran escala hasta que los que ya están en uso dejen de servir. Así que suele suceder que cuando un antibiótico comienza a ser de uso habitual su patente ya haya caducado y quienes invirtieron en desarrollarlo tengan que competir con los fabricantes de genéricos.

El pasado mes de enero la industria farmacéutica logro un gran avance hacia lo solución de este problema cuando más de 100 empresas y asociaciones del sector de más de 20 países firmaron una declaración que pide a los gobiernos adoptar un nuevo modelo para el desarrollo de antibióticos. Los firmantes se comprometieron a dar acceso a fármacos nuevos a todo aquel que lo necesite, aumentar la inversión en actividades de I+D que respondan a las necesidades globales de salud pública y ayudar a frenar la aparición de resistencia a estos fármacos en seres humanos y animales.

Los gobiernos deben alentar y ayudar a la industria a cumplir estos objetivos. Una vía seria adoptar una propuesta que hice el año pasado, consistente en crear premios de mil millones de dólares o más para quienes desarrollen antibióticos de los tipos mas necesarios. Esto permitiría hallar un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la disponibilidad global a precio accesible y la conservación de la eficacia de los medicamentos. Al mismo tiempo, ahorraría dinero a las arcas públicas en el largo plazo.

Esta estrategia de rearmar la cadena de desarrollo de nuevos antibióticos costaría unos 25.000 millones de dólares en diez años. Es una cifra que, repartida entre los paises del G-20, supone muy poco dinero y seria realmente muy buena inversión; hoy la resistencia a los antibióticos le cuesta solo al sistema sanitario estadounidense unos 20.000 millones de dólares cada año.

Cuando un antibiótico empieza a ser de uso habitual, su patente puede haber caducado. Los gobiernos podrían crear incentivos a la I+D en este campo, que se sostendrían con las fuentes de financiación ya existentes u otras nuevas, innovadoras y auto sostenibles. Una opción sería tasar el acceso a grandes mercados farmacéuticos con un pequeño arancel que cobrarían las autoridades reguladoras pertinentes. Esta propuesta se basa en reconocer que la disponibilidad de antibióticos es un recurso compartido y agotable del cual depende la viabilidad de una variedad de productos farmacéuticos e intervenciones médicas (desde la quimioterapia hasta el reemplazo de articulaciones). Seria comparable a lo que se hace en sectores como la energía, el agua o los bancos de pesca, que se regulan para asegurar que los recursos e infraestructuras compartidos se manejen y reaprovisionen teniendo en cuenta los intereses de los consumidores y de los productores cuyas empresas dependen de ellos.

Los 2.500 millones de dólares al año necesarios apenas suponen el 0.25 % de las ventas mundiales de las farmacéuticas: muy poco esfuerzo para una industria que en general goza de buena salud financiera y que para hacerlo especialmente atractivo se podría usar un esquema compensatorio, por el cual las empresas puedan elegir entre invertir ellas mismas en I+D o aportar a un fondo que premie a las empresas cuyas investigaciones den lugar al descubrimiento de los fármacos deseados.

Es hora de convertir las ideas en acciones concretas y resolver el problema de la resistencia a fármacos. Para ello, las empresas y los gobiernos deben reconocer que los antibióticos no son un producto más.

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